Uno de los negocios más sostenibles de la dictadura fue el contrabando. Jefes castrenses y policiales, referentes colorados, empresarios amigos lograban su impunidad repartiendo sus cuantiosas ganancias. También las clases pobres tenían su respiro económico mediante el contrabando.
Un quehacer muy extendido en Asunción era la comercialización de mercaderías, específicamente comestibles, ropa y calzados, procedentes de la pequeña ciudad argentina de Clorinda. Esta actividad, para el razonamiento lógico de ese diligente núcleo de paraguayos, no era un delito porque el marco ético ya estaba total y absolutamente desfigurado por costumbre y necesidad.
En las altas esferas políticas y sociales el mismo Stroessner apoyaba la evasión fiscal con la costumbre de conceder a sus allegados autorizaciones de importación con exenciones fiscales para introducir al país mercaderías, automóviles, bienes lujosos, etc.
La única condición para lograr este tipo de privilegios era la adhesión incondicional al régimen. La incondicionalidad confería al individuo la categoría de "buen correligionario" y "un buen amigo", títulos mediante los cuales aquel lograba acceder a supremos beneficios económicos a costa del empobrecimiento del erario. A los no adeptos al régimen se les obligaba a abonar todas las cargas impositivas inherentes al negocio de traer al país lo comprado en el exterior.
Esto llevaba a los comerciantes honestos a acudir también, forzadamente, al contrabando o a buscar la protección de algún poderoso para no pagar el ciento por ciento de los impuestos de importación de sus mercaderías. De otro modo no podían competir en el mercado frente a los precios que exhibían sus colegas insertos en el esquema de la corrupción.
