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Si Cristian Kriskovich creía poder seguir soportando las críticas que recibe por el lío judicial en el que está metido, a partir de ahora su realidad es otra. Que la Cámara de Senadores lo inste a renunciar al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al Consejo de la Magistratura (CM) es demasiado. Incluso para alguien como él, diestro en tratar de eludir la denuncia por acoso sexual presentada por una estudiante.

Fue un proceso demasiado largo, iniciado hace cinco años, y siempre estuvo en los titulares de prensa, pese a la absolución de Kriskovich. Luego fue él quien la demandó por difamación y calumnia, reclamando una cifra impagable: casi medio millón de dólares. Fue un error similar al que cometieron Arrom y Martí al solicitar al Estado una astronómica indemnización “simbólica”. Ante la opinión pública, estos excesos tienen un efecto búmeran. Sea por ese motivo, por la tozudez de la estudiante, por lo morboso del tema o por la contundencia de los hechos, los detalles del caso empezaron a ser conocidos. Lo que no mejoró la situación de Kriskovich.

Es que, pese a sus esfuerzos por evitarlo, algunos de los 1.600 mensajes de WhatsApp enviados entre 2013 y 2014 a su alumna se filtraron al público. Aquello era de un nivel ramplonamente agresivo. Casi tan sórdido como que el Ministerio Público los haya tipificado como meras expresiones de cortejo y galanteo. A la Fiscalía le parecía tolerable, algo normal, que un profesor solicite de modo explícito sexo a una de sus estudiantes. A veces pienso que esta barbaridad debería ser investigada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, pero luego recuerdo que Kriskovich es uno de sus integrantes.

Las siguientes piruetas de la impunidad sorprenderían a cualquiera que no viva bajo las carpas del circo nacional. Como Kriskovich reconoció que había enviado dichos mensajes, la Justicia consideró superfluo agregarlos al proceso. La idea era que no trascendieran a la prensa. Pero su contenido era tan endiabladamente tentador que se produjo el efecto contrario. Ahora eran criticados los fiscales y el juez por pusilánimes, y Kriskovich por utilizar sus influencias judiciales en provecho propio.

A esta altura, él ya estaba absuelto y la estudiante, querellada por el profesor, con orden de captura y con su abogado impedido de defenderla por disposición de la jueza Lici Sánchez. Con todo esto, hasta el más crédulo se convenció: la Justicia haría todo lo posible por proteger al encumbrado miembro del CM y JEM, las puertas de entrada y salida de toda carrera judicial.

Pero la situación jurídica de la estudiante empeoraba en la misma medida en que se hundía la imagen del profesor. A esta altura, Kriskovich podría ganar la demanda judicial e incluso cobrar el medio millón de dólares que reclama, pero tiene perdido el caso político. Su imagen pública está averiada y se ha transformado en un problema para la propia jerarquía de la Iglesia, acusada de guardar un silencio cómplice frente a las acusaciones de acoso sexual de nada menos que el representante de la Universidad Católica ante estos órganos extrapoderes. Ahora, el Senado se animó a decirlo y la gente aplaudió. Ante esto, lo más sensato sería marcharse galantemente.